Cuesta creer que un país republicano, democrático y que “según los entendidos” avanza a pasos agigantados hacia el desarrollo, se produzcan eventos de índole judicial y administrativos tan anacrónicos como el caso del cura Karadima y los subsidios entregados en la VIII región en base a mentiras expuestas en los informes de la intendencia.
Son dos casos distintos y que afectan de diferente manera a la dignidad y confianza de quienes votan o pertenecen a la iglesia católica, pero que representan un poco el cinismo y conformidad en el cual nos movemos hoy.
Primero analicemos el caso del sacerdote Fernando Karadima. Acusado de abuso de menores y jóvenes feligreses pertenecientes al sector de El Bosque en pleno barrio alto de la capital, la justicia ordinaria no hizo más que cerrar el caso por falta de antecedentes y la dificultad de encontrar pruebas que lo inculparan.
Muchos salieron en su defensa cuando el caso fue sobreseído, incluso se usaron calificativos de “santo” para definirlo, y quienes lo acusaron fueron acusados casi de herejía y de buscar notoriedad.
Pero cuando El Vaticano emitió su juicio (el cual tiene mecanismos independientes al de la justicia civil) encontrando culpable de las acusaciones a Karadima, la situación cambió de golpe. Entrevistas en todos los medios a los abusados, escarnio píublico para el sacerdote y una nueva mancha para la iglesia católica.
Pero lo que indigna tanto como el hecho mismo, es que debió ser la propia iglesia la que tomó cartas en el asunto y que este señor fue llamado solo a realizar “una vida de oración y penitencia” o sea quedó en la más absoluta impunidad.
El caso de la intendenta del Bio Bio y los subsidios otorgados a personas que no fueron afectadas directamente en el terremoto llama a reflexionar sobre otro tipo de impunidad, la que se escuda en “las buenas intenciones” para mentir y falsear datos. ¿Puede que la Concertación lo haya hecho antes? Claro que si, pero esa no es justificación para permitir que simplemente por una carrera política (la candidatura senatorial de Jacqueline van Rysselbergh) se inculpe a la ministra de vivienda Magdalena Matte o a otros funcionarios que no tienen pito que tocar en este entuerto.
Como vemos, con todas las diferencias que existen entre estos dos casos que han llenado las portadas en los últimos días, surgen un par de preguntas que bien pueden ser aplicadas a ambos.
¿Realmente las instituciones en Chile “funcionan”?
¿Seremos capaces como ciudadanos responsables de recordar este tipo de hechos cuando decidamos quien dirige nuestro país?
Las preguntas están lanzadas.
Las respuestas, lamentablemente, no son muy auspiciosas.
